La Ley Nº 14.301 dispone que el Ejecutivo provincial, sus organismos descentralizados y las empresas del Estado estarán obligados a ocupar a personas que han sido liberadas tras cumplir más de cinco 5 años de privación de libertad y reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, con domicilio o residencia en territorio provincial.
Marcela Pastore, titular de la dirección de Inclusión Laboral para Liberados, recientemente puesta en funcionamiento, detalló en diálogo con BA noticias que la proporción dispuesta por la normativa será del dos por ciento (2%) de la totalidad del personal y que se dará prioridad de ingreso a aquellos que hayan resultado sobreseídos o absueltos.
“Queremos promover esto a las autoridades del gobierno y tomar el compromiso de las ONG y de las empresas, porque las personas que han obtenido la libertad luego de cumplir una condena deben ser consideradas para la inclusión”, expresó Pastore.
En ese sentido, consideró que la inserción se debe dar en todos los aspectos, pero aseguró que “la inclusión laboral, dignifica, trae salud, educación, y vínculos”.
En esta primera etapa, se prevé difundir la ley entre los municipios, que “hasta el momento dio muy buena recepción de muchos intendentes que están próximos firmar el convenio de adhesión con el ministerio de Justicia y Seguridad”, de donde depende la Dirección.
Además, se realizó una primera mesa de diálogo, que se repetirá mensualmente, con el objetivo de crear una red integrada por distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales interesados en la temática “para compartir debilidades y fortalezas”.
Uno de los principales obstáculos para poder concretar la aplicación de esta ley, aprobada en agosto de este año, está vinculada al prejuicio por parte de los distintos sectores, ya sean estatales o privados.
Pastore sostuvo al respecto que “no podemos negar que el prejuicio está, pero queremos contrarrestarlo con las buenas experiencias y saber que la persona que recupera su libertad es un vecino que ya ha cumplido su pena y no debe pagar otra”.
fpl-jg
FUENTE http://www.banoticias.com
Marcela Pastore, titular de la dirección de Inclusión Laboral para Liberados, recientemente puesta en funcionamiento, detalló en diálogo con BA noticias que la proporción dispuesta por la normativa será del dos por ciento (2%) de la totalidad del personal y que se dará prioridad de ingreso a aquellos que hayan resultado sobreseídos o absueltos.
“Queremos promover esto a las autoridades del gobierno y tomar el compromiso de las ONG y de las empresas, porque las personas que han obtenido la libertad luego de cumplir una condena deben ser consideradas para la inclusión”, expresó Pastore.
En ese sentido, consideró que la inserción se debe dar en todos los aspectos, pero aseguró que “la inclusión laboral, dignifica, trae salud, educación, y vínculos”.
En esta primera etapa, se prevé difundir la ley entre los municipios, que “hasta el momento dio muy buena recepción de muchos intendentes que están próximos firmar el convenio de adhesión con el ministerio de Justicia y Seguridad”, de donde depende la Dirección.
Además, se realizó una primera mesa de diálogo, que se repetirá mensualmente, con el objetivo de crear una red integrada por distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales interesados en la temática “para compartir debilidades y fortalezas”.
Uno de los principales obstáculos para poder concretar la aplicación de esta ley, aprobada en agosto de este año, está vinculada al prejuicio por parte de los distintos sectores, ya sean estatales o privados.
Pastore sostuvo al respecto que “no podemos negar que el prejuicio está, pero queremos contrarrestarlo con las buenas experiencias y saber que la persona que recupera su libertad es un vecino que ya ha cumplido su pena y no debe pagar otra”.
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